MADRID (Reuters) - España se comprometió a salvaguardar el derecho a la intimidad y confidencialidad de las mujeres que aborten, así como a garantizar que en los casos que sea permitida la interrupción del embarazo se cumpla el tratamiento adecuado, según una decisión el viernes del Consejo del Ministros.
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La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que el Ministerio de Sanidad va a promover una norma básica para garantizar derechos esenciales como el de la intimidad y confidencialidad de los datos en el tema del aborto.
"(El Ministerio de Sanidad) promoverá una norma común, probablemente un decreto, que constituirá un marco básico para proporcionar las debidas garantías de equidad, de calidad, de respeto a la intimidad y de confidencialidad en el tratamiento de los datos a las mujeres y a los profesionales de la salud que ejercitan sus derechos dentro de los supuestos contemplados en la ley", explicó en conferencia de prensa luego de un Consejo de Ministros.
Sanidad se ha dirigido también a la Agencia de Protección de Datos a fin de que ésta emita un informe en el que se fijen los límites de las facultades de inspección de las administraciones públicas.
A finales del pasado año la policía arrestó a 13 personas, muchas de ellas ginecólogos y anestesiólogos, en una serie de redadas contra clínicas acusadas de realizar abortos ilegales, en algunos casos en avanzado estado de gestación.
España despenalizó el aborto en 1985 en tres casos concretos: para las mujeres víctimas de una violación, si el feto trae una malformación o si hay riesgo para la madre, un supuesto que incluye riesgos psicológicos y que según grupos antiabortistas abre mucho el abanico.
En el 2006 fueron practicados en España 101.592 abortos, un tema que sigue provocando mucha polémica entre los sectores más conservadores.
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